A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Justicia expresó que no reconoce ni admite la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU que hizo público un informe sobre la detención del gobernador suspendido de Santa Cruz.
El Gobierno restó valor y rechazó al informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que calificó de arbitraria la detención del gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y afirmó que el Estado boliviano no está obligado a acatar las recomendaciones de ese organismo.
“Bolivia no reconoce ni admite la opinión del Grupo de Trabajo por considerarlo sesgado, con información parcial y desactualizada”, dijo un comunicado que difundió el Ministerio de Justicia a través de las redes sociales.
En ese documento, el gobierno señaló que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU es “una instancia de asesoramiento consultivo cuyas recomendaciones no tienen carácter vinculante, obligatorio ni pueden sustituir los procedimientos judiciales internos de los Estados”.
El informe de esa instancia de la ONU fue emitido el viernes pasado. Después de analizar el expediente del caso concluyó que la detención de Camacho fue “arbitraria”, puesto que en su ejecución “se violó el principio de igualdad de los seres humanos, al haber estado motivada por su opinión política de dirigente”.
Según el informe, la privación de libertad de Camacho, que se encuentra privado de libertad desde diciembre de 2022, contraviene ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese organismo recomendó remediar el daño causado con la liberación inmediata del gobernador y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización.
En su comunicado, el gobierno afirmó que respeta la independencia de poderes y dijo que por esa razón aguardará las resoluciones del Órgano Judicial en el proceso que sigue en contra de Camacho y señaló también que la CIDH rechazó una solicitud formal de medidas cautelares por supuesta vulneración de derechos del gobernador.
