Diputada exige que Arce y sus ministros respondan por sus vínculos con representantes de Kailasa.
El Ministerio Público admitió la denuncia presentada por la diputada María René Álvarez y abrió una investigación sobre los acuerdos suscritos entre comunidades indígenas y representantes del supuesto Estado de Kailasa. La legisladora exige que el proceso alcance a miembros del Ejecutivo, incluido el presidente Luis Arce.
“La denuncia fue admitida y se ha iniciado la investigación. Sabemos que estos contratos no se firmaron de manera unilateral, hubo participación de distintos actores”, afirmó Álvarez en declaraciones a El Deber.
El caso, que ha generado controversia nacional, se centra en documentos firmados por representantes de Kailasa con cuatro pueblos indígenas, en los que se otorgaban derechos sobre territorio, espacio aéreo y recursos naturales por mil años. La Fiscalía indaga si estos acuerdos configuran el delito de tráfico de tierras.
Álvarez insistió en que el Gobierno debe aclarar su relación con la secta y criticó la falta de respuesta oficial. “El presidente Arce apareció en actos públicos con estos personajes. El Gobierno debería ser el más interesado en esclarecer los hechos”, sostuvo.
La diputada también alertó sobre posibles vínculos del caso con actividades ilícitas como narcotráfico y explotación de minerales. “No se trata de un hecho aislado, sino de un entramado mayor que opera desde hace años en Bolivia”, advirtió.
El caso Kailasa se suma a otras denuncias de tráfico de tierras en el país, como los avasallamientos en Bajo Paraguá y Otuquis. Álvarez pidió a la Fiscalía actuar con independencia y celeridad. “El país merece respuestas”, concluyó.
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