La defensa del exmandatario califica el fallo del TCP como un “show mediático” sin efecto vinculante y afirma que Evo inscribirá su candidatura este viernes.
El equipo jurídico de Evo Morales respondió este miércoles con dureza al fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ratifica la inhabilitación del exmandatario para postular en las elecciones presidenciales. Los abogados del líder del MAS aseguraron que la sentencia no tiene efecto retroactivo y que su candidatura sigue firme.
“Nos tiene sin cuidado lo que diga o no diga el Tribunal Constitucional Plurinacional porque sencillamente lo que va a pasar es que Evo está plenamente habilitado”, declaró el abogado Wilfredo Chávez en conferencia de prensa.
El TCP declaró inconstitucional la reelección presidencial continua y discontinua, en respuesta a una acción abstracta de inconstitucionalidad. Sin embargo, la defensa argumenta que este tipo de fallos sólo tiene validez prospectiva. “La acción de inconstitucionalidad abstracta tiene una característica: el resultado no es retroactivo, sino es hacia adelante”, subrayó Chávez.
Según los juristas del MAS, el único órgano con facultad para inhabilitar candidaturas es el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que aún no ha evaluado ninguna postulación. “Ni siquiera se ha abierto el momento electoral para inhabilitar (…) políticamente Evo Morales está plenamente habilitado”, insistió el abogado.
La defensa también calificó el fallo del TCP como una estrategia del Gobierno para desestabilizar la candidatura de Morales. “Todos sabemos que existen operaciones políticas para cumplir el plan de proscripción contra el MAS y nuestro líder histórico”, denunció Chávez, y sostuvo que la sentencia busca desviar la atención de la declinación de la candidatura del presidente Luis Arce.
El equipo legal adelantó que la inscripción de Morales ante el Tribunal Supremo Electoral se concretará este viernes 16 de mayo. “Sí o sí se va a inscribir”, sentenció Chávez, quien además apeló a la opinión consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como respaldo para la legalidad de la reelección discontinua.
