La declaración de Marcelo Lea Plaza involucra a autoridades judiciales y del Ejecutivo en una supuesta red que operó para remover a Fanny Coaquira del TSJ.
El juez de instrucción penal de Coroico, Marcelo Lea Plaza, reveló haber sido presionado por altas autoridades del Órgano Judicial y del Ejecutivo para suspender de sus funciones a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
En su declaración ampliatoria, el juez apuntó directamente al magistrado suplente Iván Campero, la vocal Claudia Castro y el exministro de Justicia, César Siles.
“Me dijeron que el tema ya estaba instruido desde el Ministerio de Justicia y que Campero debía asumir el cargo”, declaró Lea Plaza, quien aseguró haber asistido a reuniones en las que se le comunicó que la decisión ya estaba tomada. Según el testimonio, incluso se le advirtió que podría perder su cargo si se rehusaba a firmar la resolución.
El juez también afirmó que recibió una llamada del exministro Siles, en la que este le habría asegurado que “todo estaba coordinado a niveles más altos” y que debía sentirse protegido. Lea Plaza indicó que la vocal Claudia Castro lo contactó previamente para señalar supuestas irregularidades en la designación de Coaquira, e instarlo a proceder con la acción legal en Coroico.
Este caso forma parte de la investigación por el presunto consorcio entre jueces y fiscales, que estalló tras la difusión de un audio atribuido a Siles y que provocó una crisis institucional. Como consecuencia, Castro y Campero se encuentran aprehendidos, mientras que Siles y el expresidente del TDJ de La Paz, Yván Córdova, renunciaron a sus cargos.
Lea Plaza fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro por seis meses. Su defensa solicitó que se lo reconozca como testigo protegido y aseguró que cuenta con pruebas que respaldan sus declaraciones.
